lunes, 28 de septiembre de 2026

MARI CARMEN A LA PUTA CALLE. ES DE JUSTICIA


 

El título es un poco fuerte, pero hay que analizar las cosas en su contexto, no quedándote con la sinopsis de la última parte de la película, que es como nos la están presentando la izquierda mediática, los colectivos antidesahucios, asociaciones de inquilinos, etc (“anciana es desahucida de la casa en que ha vivido toda su vida por un fondo buitre”). Vamos a ello, a ver si la percepción de ésta cambia teniendo en cuenta todo lo que hay que tener.

Esta señora llevaba viviendo siete décadas -¡nada menos!- en esa vivienda que todos eso grupos llaman “su casa”, pero que, en realidad, pertenecía a un propietario que la compró en su día. Y lo hacía en virtud de un contrato de alquiler de renta antigua, de los que impiden subir el precio, que era de 500 € -204 en origen- con lo cual ha mucho que quedó obsoleta y desfasada en relación a los de los alquileres con el paso del tiempo. Por una ubicada en su misma zona y de sus características (El Retiro, actualmente una de las má caras de Madrid, casi de lujo), actualmente se vienen pagando 2.500 euros. Tiempo y recursos tuvo de sobra para adquirir en propiedad esa o cualquier otra, pues era funcionaria (puesto de trabajo asegurado de por vida por tanto, de los que aportan seguridad económica y hacen viable la concesión de un préstamo por cualquier banco) y, teniendo en cuenta que su pensión de jubilación es de 1.350/1450 €, la base cotizadora no debía ser de menos de 1.600 o 1.700, no teniendo además familia. Es decir, perfectamente podría haber asumido una hipoteca por poco más de lo que pagaba de alquiler. Pero no. ¿Para qué? Si pensaba que de allí no podrían moverla y, por tanto, podía quedarse para siempre pagando sólo 500. Heredó además el contrato de su madre, que ya antes se había subrogado en la posición de su padre, la original parte arrendataria, otorgándole un derecho a perpetuidad, algo no permitido actualmente, pues estas subrogaciones de renta antigua pasaron a tener fecha de caducidad o límites específico en virtud de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Pero para hacer valer su derecho, el antiguo propietario habría tenido que llevarla a los tribunales, lo cual le habría implicado una inversión en abogados y demás que, al parecer, o podía permitirse, así que feliz.

La condición de Mari Carmen era la propia de un parásito, de los que acopla a la piel  y ya no se despega de ella si no la arrancan a la fuerza. Era ella la que disfrutaba de un inmueble en plena zona privilegiada a un precio que no se paga ya ni por una ubicada en un barrio marginal, a costa del dueño del inmueble, que desde hace setenta años tuvo que olvidarse y hacerse idea de que ya no lo tenía, a pesar de seguir teniendo que pagar IBI y demás gastos relacionados con la propiedad. La arrendataria, evidentemente, más contenta que un marrano en un charco.

Y llega un día el señor Karma, que a menudo se hace esperar, pero habitualmente acaba apareciendo, igual que la inspección de Hacienda. El arrendador se acaba cansando de la situación, que se le hace ya insoportable, y no le queda más remedio que acabar vendiendo su propiedad. A precio de saldo además prácticamente, porque, claro, teniendo “bicho” dentro, pocos están dispuestos a adquirirla. Y ese propietario resulta que es una empresa, no fondo buitre, denominación que tanto agrada a la izquierda (en realidad, fondo buitre no es más que una empresa dedicada a adquirir casas y locales ejecutados en subasta, así como lotes de deudas de cobro difícil o imposible, una actividad perfectamente legal), con sus abogados en nómina y capacidad para llevar a la inquilina a juicio y desahuciarla. En un primer momento se le comunicó que habría de actualizar su renta, a lo cual Mari Carmen se negó, obviamente. ¿Cómo iba a asumir el pago de 2.500 € mensuales con su pensión de 1.300? Un argumento intachable. Si no fuera por el hecho de que se encontró en esa situación porque ella quiso y tras haber sangrado al original tenedor durante setenta años. Eso lo hace ya menos inatacable. Y si no accedía, el reclamante avisaba que acudiría a la vía judicial, como es norma para quien pretende hacer valer un derecho que se le niega ilícita e injustamente.

Y claro, la cosa acabó llegando a los tribunales a los cuales, como estaba cantado. Y éstos, aplicando la Ley, fallaron a favor de la demandante. Era la crónica de una muerte anunciada. Y la izquierda mediática, la política, las organizaciones, asociaciones y colectivos… todo esos que durante casi tres cuartos de siglo habían no habían visto nada malo en que una persona se viera privada de su propiedad y llegara al punto de tener que malvenderla, pusieron el grito en el Cielo ahora que era uno de los protagonistas de sus cuentos el que salía perdiendo. Para esta gente, todo lo que sea progresar en la vida y llegar a tener algo –salvo cuando son ellos los protagonistas, claro-, es un cacique, un burgués y demás condiciones de su bestiario, merecedores de su más profundo desprecio. El que no tiene nada, sea por mala suerte en la vida o sea porque le dio la gana que así fuera, es el bueno de su película, y el que invirtió y construyó un patrimonio, el malo. Se insiste: siempre que no se trate de ellos. El Gran Wyoming” tiene doce viviendas adquiridas en propiedad, la ministra de vivienda tres –digo yo que no las necesitarán todas para vivir. Ya nos contará a qué las dedica que no merezca el calificativo “especulación” según ellos-, Sus Majestades, los marqueses de Galapagar, residen en una con título dominical sobre ella con espacio suficiente para que la habiten varias familias más, nos acordamos aún de “Villameona”, cuando la compró Boyer para vivir en ella con la Preysler… pero los malos son los otros. Los que adquieren propiedades que no van a habitar y además no son izquierdistas. ¡Tremenda blasfemia! ¿Cómo se pueden atrever? ¿Cómo ser posible semejante osadía? ¡Hay que freirlos a impuestos!

Para acabar, ninguno de estos voceros, ni tampoco de los que tan viva y airadamente se manifestaban en la puerta del domicilio, se ha ofrecido para acoger a Mari Carmen en su casa. Porque sí, vivimos en un estado social y, por tanto, los que tienen más se deben solidarizar con los que tienen menos. Eso va a misa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero ojo, sólo cuando sea otro el que debe soportar el gasto. El propietario en este caso. Si debe suponer para él perder a efectos aquello por lo que pagó y, según la Ley, es suyo, pero en la práctica nunca lo será, que así sea, que eso es lo justo. Resignarse a ello y a que la verdadera dueña será la señora. Ahí los tienes, exigiendo que se baje y congele el precio del alquiler, que el contrato sea vitalicio, que no  pueda desahuciar a ancianos… Todo eso. Tiene que cargar con ello. Pero él. El propietario. El casero. Ellos no. Esa es la línea roja. La de la izquierda. Siempre son otros los que deben pagar y perder si hay que perder. Ellos no. Obligación, si es que existe alguna, tienen la misma que aquél: la meramente basada en la solidaridad social. Pero, como siempre ocurre con los rojos, en lo que a ellos respecta se hacen los locos. En eso son expertos.

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