Tal y como puede intuirse de su título, éste es un artículo que puede agradar o desagradar tanto a independentistas como a sus opositores, pues, a juicio de su autor, ni unos ni otro están totalmente exento de culpa ni de razón en este asunto. Entiendo que la pretensión de independencia catalana es un despropósito sin fundamento histórico ni de ninguna clase, como se explicará en las líneas que van a leer. Sin embargo, también resulta difícil imaginar mayor torpeza que la exhibida por Rajoy y sus cohortes desde el principio.
La cuestión catalana es algo que viene ya de lejos. Para entenderla en toda su dimensión, hay que remontarse a los tiempos del Imperio Carolingio y conocer su historia y evolución. El germen de lo que hoy es Cataluña estuvo la “Marca Hispánica”, creada por Carlomagno en 795 más allá de la antigua provincia de la Septimania, abarcando desde lo que hoy es Pamplona hasta Barcelona, para servir de contención frente a los árabes, los cuales, tras invadir la península ibérica, amenazaban expandirse por toda Europa y fueron derrotados y contenidos por Carlos Martel en la batalla de Poitiers el 10 de octubre de 732. Esta marca quedó integrada por condados dependientes de los monarcas francos a principios del siglo IX. Para gobernar estos territorios designaron condes. De todos ellos, los que alcanzaron mayor protagonismo fueron los de Pamplona, constituido en el primer cuarto del siglo IX en reino; Aragón, constituido en condado independiente en 809; Urgel, importante sede episcopal y condado con dinastía propia desde 815; y el condado de Barcelona, que con el tiempo se convirtió en hegemónico sobre sus vecinos, los de Ausona y Gerona.
Tras la desintegración imperial, el condado de Barcelona alcanzó una independencia de facto a finales del siglo X, y consiguió agrupar en torno a él, mediante vínculos familiares o de vasallaje, a una parte importante de la actual Cataluña, principalmente los condados de Gerona, Osona, Besalú, Cerdaña y Ampurias. Es decir, HUBO UN TIEMPO EN QUE LOS CATALANES FUERON INDEPENDIENTES. Nunca fueron nación, peros sí fueron independientes.
En el siglo XII, el condado de Barcelona y el reino de Aragón se unieron dinásticamente mediante los esponsales acordados entre Ramiro II de Aragón y Ramón Berenguer IV de Barcelona en 1137, por los que el conde barcelonés contraería matrimonio con la futura reina aragonesa Petronila. Un condado siempre lo era de un reino y no podía ser a la inversa, motivo por el cual, con esta unión, “Cataluña” pasó a ser parte de la corona aragonesa. Un mero concepto político, pues, realmente, la potencia dominante en la unificación fue aquélla y no ésta, y Ramón Berenguer su nuevo gobernante. Es decir, decir que Cataluña fue “tan sólo” una parte del Reino de Aragón es una verdad a medias, pues, a efectos reales, fue más bien lo contrario. Para entendernos: imaginemos que California tuviera frontera con Argentina y, tras independizarse de los EEUU y sin llegar a alcanzar el estatus de país, decidieran unirse a ésta. Dado que Argentina sí es un país, sería California la que quedaría integrada en él y no lo contrario. Sin embargo, la realidad sería más bien la contraria, asumiendo aquélla el control dado su mayor poder económico y político. Un caso similar fue el de aragoneses y catalanes, si bien con menos diferencia en cuanto a peso específico de cada uno.
Siglos después, una nueva boda real, la de los Reyes Católicos, dio por resultado otra unificación dinástica, aunando las coronas de Castilla y Aragón. Hay que entender no obstante, que esto no significaba unificación de los territorios, sino tan sólo de las coronas. A partir de entones, el/la monarca de Aragón y el/la de Castilla pasaban a ser la misma persona, lo cual no implicaba que ambos reinos pasaran a ser uno. Ese concepto fue llegando con el tiempo y, desde el principio, los catalanes se sintieron a disgusto con él y vieron a los castellanos como extranjeros. Es decir, desde antes del nacimiento del propio concepto de España, nunca tuvieron sentimiento de pertenencia a un mismo país que aquéllos. Piénsese como ejemplo en la monarquía inglesa y la Commonwealth. El Rey de Inglaterra es asimismo Jefe del Estado en muchos de los estados integrantes de aquélla, sin que ello signifique que Canadá, Australia, Inglaterra… son un mismo país. Algo semejante ocurría aquí con estas unificaciones dinásticas.
En Castilla la monarquía era muy fuerte y dominante, mientras que en Aragón predominaba el poder de la nobleza, motivo por el cual los monarcas dieron preferencia a aquélla, pues casaba mejor con sus intereses. De ahí que los territorios descubiertos y anexionados de América se atribuyeran a Castilla y no a Aragón (recuérdese que el concepto España no existía todavía, dándose tan sólo una coincidencia de coronas sobre una misma cabeza real), que se empleasen y apoyasen preferentemente la lengua y leyes de Castilla –de lo cual derivó en concepto del castellano como idioma común del país-, etc. Dieron pues los monarcas prioridad a ésta sobre Aragón, y ya en tiempos del Conde-Duque de Olivares, que éste aconsejara a Felipe IV tener “por el negocio más importante de su Monarquía el hacerse rey de España” (entendida como el territorio que abarcaba lo que fue la provincia romana de la Hispania, no como nación, concepto que, se insiste, no había nacido todavía)”; “quiero decir, señor, que no se contente V. Majd. con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia, conde de Barcelona, sino que trabaje y piense, con trabajo maduro y secreto, por reducir estos reinos de que se compone España al estilo y leyes de Castilla sin ninguna diferencia, que si V.M. lo alcanza será el príncipe más poderoso del mundo”.
La política centralizadora de Olivares creo gran tensión y malestar en Cataluña. Con motivo de la guerra con Francia, el Conde-Duque llevó allí las tropas castellanas, que eran miradas con recelo por la población local que las consideraba extranjeras y había de subvenir a su alojamiento, aumentando así las tensiones hasta el punto de ruptura. Las revueltas campesinas fueron en origen de naturaleza antiseñorial, pero la nobleza catalana supo desviar esos objetivos y sumarse a la protesta a través de un movimiento interclasista que apuntaba a la política de Madrid como causa de todos los males. La entrada en Barcelona de medio millar de segadores el 7 de junio de 1640, festividad del Corpus Christi, dio pie a terribles incidentes en es Corpus de sangre que costó la vida al virrey, conde de Santa Coloma. Se inició así una guerra separatista que habría de durar hasta 1652. En un principio, Cataluña intentó constituirse en república independiente, pero la presión castellana obligó a los catalanes a requerir la protección de Francia, cuyo monarca se convirtió en conde de Barcelona. Sin embargo, las quejas dirigidas antes contra Madrid, arreciaron ahora contra París al verse Cataluña explotada por el ejército y los comerciantes galos. La ayuda francesa fue escasa y ello facilitó la recuperación por parte de Felipe IV, quien concedió una amnistía general y prometió respetar sus fueros y costumbres.
Siglos después sin embargo, tuvo lugar la Guerra de Sucesión por la corona española, fallecido sin descendencia en último de los Austrias nacionales. Tras imponerse en ella el bando de los Borbones, el nuevo monarca de esta dinastía, Felipe V, machacó sin escrúpulos a las regiones que habían apoyado al de su rival (catalanes, vascos y, sobre todo, valencianos), los Austrias alemanes, derogando sus fueros e imponiendo las leyes de Castilla, e incluso llegó a considerar la posibilidad de prohibir el uso de la lengua catalana. Con el tiempo aflojó un tanto su mano en cuanto a Cataluña y Vascongadas. No así en relación a Valencia, principal apoyo de sus enemigos en la guerra, que nunca recuperó sus leyes e instituciones.
Y así, con esa siempre problemática integración de Cataluña en España, llegamos a la segunda mitad del siglo XIX, en la cual, con el auge de las democracias y el parlamentarismo, el asunto vuelve a la actualidad política, con la aparición de partidos nacionalistas y, ya en la primera del XX y la Segunda República, los proyectos de autonomías para Galicia, Euskadi y Cataluña, que nunca verían la luz al quedar interrumpidos por la Guerra Civil.
Como se ha visto, la pertenencia de Cataluña a España siempre ha resultado polémica y discutida. No es el mismo caso que el de el País Vasco, que se integró en ella sin problemas ni protestas, y sólo tras perder tres guerras carlistas, decidió que ya no estaba a gusto en un país en el cual no podía imponer al monarca que deseaba y, con Sabino Arana y otros iluminados, comenzó a reclamar su independencia con base en argumentos absurdos y disparates históricos. El consentimiento voluntario de los catalanes a su integración en el país, es por tanto una cuestión histórica pendiente que en algún momento, antes o después, habrá de resolverse. Es algo que no sucede con ninguna otra región del país. Navarra por ejemplo, y con ella los vascos, fueron anexionados mediante conquista, pero tras ello quedaron pacíficamente integrados y nunca mostraron disconformidad hasta el siglo XIX, como se ha explicado en este mismo párrafo. Todo lo contrario, sus relaciones con la corona fueron excelentes hasta entonces.
Como vemos pues, no son los catalanes una región española más. Son una región de España, pero no una más. Y, por tanto, no pueden ser tratados como las demás, pues sus circunstancias histórico-políticas no son las mismas que las del resto de regiones del país, que nunca tuvieron problema con su integración nacional. ¿Tienen pues razón al reclamar su independencia? En opinión de quien les escribe, NO. En primer lugar, ya hemos visto que, tras su secesión del siglo XVII, retornaron a España con un trato benigno por parte de Felipe IV. Hubo pues una reintegración pacífica y “voluntaria” por ambas partes que deslegitima las pretensiones con base histórica. Entre comillas lo de voluntaria, porque, como se ha explicado, aquello se dio en un contexto de presión castellana que les dejaba pocas opciones.
Por otro lado, a nadie se le escapa que la actual reclamación soberanista tiene un fundamento económico. No en balde ha coincidido el mayor esfuerzo de los políticos independentistas en este sentido con la última crisis económica, momento en el cual se pudo explotar con mayores rendimientos el sentimiento de los catalanes de arrastrar un lastre siendo la región más rica y próspera de España (Madrid no cuenta, pues su prosperidad y pujanza viene determinada, exclusivamente, por su condición de capital del estado) y, por tanto, la mayor contribuyente para compensar a las otras más pobres. Es decir, algo muy parecido a lo que se ha explicado ocurrió en 1640, cuando la nobleza catalana supo aprovechar el descontento de las clases humildes para redirigirlo contra Madrid, señalándola como origen de todos sus problemas. Evidentemente, no es permisible que una región se independice con base en este tipo de motivos. Libradas de la carga que suponen las pobres, su economía resultaría fortalecida, obviamente, pero sería algo a todas luces inmoral. Si se permitiera, todas las regiones ricas del planeta (California, Lombardía, Baviera…) se independizarían, pues, libres de la obligación de contribuir para compensar a otras más humildes dentro de sus propios países, sus índices de riqueza crecerían.
No hay pues base histórica ni moral a las pretensiones soberanistas catalanas. Sin embargo y propiciado por la torpeza de nuestros gobernantes, sí puede llegar a haberla política. Cataluña, ya lo hemos visto, no es una región española más (insistimos: sí es UNA región de España, pero no es UNA MÁS). Nunca ha quedado tan integrada ni tan pacíficamente en el país como el resto. Se les impusieron unas leyes, un idioma… ser españoles en definitiva, a la fuerza y en contra de su voluntad. No es igual su caso al de las demás, ni por tanto puede, ni debe, ser tratada igual. El famoso café para todos de la transición (concesión de estatuto de autonomía para todas las regiones que, con fundamento en alguna base histórica o cultural, lo solicitaran) fue un gravísimo error cuyas consecuencias ahora pagamos. Si les das a todos lo mismo, seguimos siendo todos iguales. Cataluña no es igual. Sus condicionantes históricos imponen un trato diferente, una mayor independencia y autogobierno que los reconocidos al resto de regiones españolas. Lo contrario, necesariamente, deber resultar ofensivo para los ellos, pues significa negarles su diferencialidad.
Rajoy y su gobierno están siendo muy torpes, y con ellos gran parte de la población del país, a la cual arrastran a un enfrentamiento que, irónicamente, sólo favorece al independentismo. En primer lugar, no debió recurrirse el Estatut en 2010. Con ello, lo único que se consiguió fue agitar el avispero, y ya vemos las consecuencias que eso ha deparado. La Constitución es una norma dictada hace ya casi cuarenta años. La realidad de la España de aquella época, no es la de la España actual. Lo que podría ser ideal entonces –y ya es bastante admitir que lo fuera-, no resulta fácil que continúe siéndolo casi medio siglo después, con todos los cambios sociales, políticos, económicos, culturales, etc que el país y el mundo han experimentado. Rajoy se está caracterizando por su torpeza política, con un sentido de la oportunidad nulo y bastante mala leche. Se empeñó en recurrir la ley socialista que permitía el matrimonio homosexual. Aunque personalmente también discrepo de parte del contenido de ésta, la cuestión es que recurrirla era una decisión totalmente desaconsejable, pues resultaba muy impopular y estaba claro que el recurso no podía prosperar, pues la coyuntura del momento es la que es y no se puede ir contra la tendencia mayoritaria. Supongo que lo haría para contentar a los sectores ultracatólicos en los cuales tenía un electorado fiel. OK, lo compramos. También se empeñó en tumbar la nueva Ley del Aborto socialista. Creo sinceramente que le acompañaba la razón en este caso (aunque tampoco fui partidario del proyecto de Gallardón, que resultaba, por superrestrictivo, aun más aberrante que la ley de plazos), pero el caso es que también aquí metió la pata hasta límites que no se podía sospechar que fuera posible. Tras soliviantar y encender a medio país con su decisión de derogar la reforma socialista y volver a lo anterior, al final dio marcha atrás e incendió así también al otro medio que le había apoyado, consiguiendo soliviantar a todos y contentar a ninguno. Bien mirado, tiene mérito. No parece fácil conseguir algo así.
Su recurso al Estatut ha estado en la misma onda. Quizá la interpretación constitucional estuviera de su parte, pero, como se ha explicado, la coyuntura actual no es la misma que cuando se redactó la Constitución, y, por tanto, parece muy probable que lo que ésta diga pueda haber quedado desfasado y no resultar de aconsejable invocación ni aplicación. Lo mismo les da, que les da lo mismo. La invocaron y tumbaron con ello catorce artículos de la norma autonómica, consiguiendo así levantar al independentismo catalán en pie de guerra. No obstante, tampoco puede tildarse de correcta la forma de actuar del legislador catalán, asumiendo unas competencias que quedaban más allá de las que la Constitución les atribuía. Podrían tener razón en cuanto al fondo, pero vulneraron la forma, y eso es algo que tampoco se puede consentir, pues hacerlo equivaldría a reducir la Norma Máxima a papel mojado que cualquiera puede ignorar. Lo correcto hubiera sido que los políticos catalanes hubieran ejercido su influencia y peso político para conseguir una reforma constitucional que les permitiera proceder dentro de la legalidad, y una vez conseguido, actuar sin salirse de ésta.
Como consecuencia directa de este fiasco propiciado por la torpeza y mala baba de unos y otros, hace ahora casi tres años (el 09/10/2014), el gobierno nacionalista catalán convocó una votación no permitida por el central en relación a la cuestión de la independencia. No debió permitirse, pero se permitió. A Rajoy le tembló el pulso y no se atrevió a impedirla, demostrando, como ha hecho otras veces, que no está a la altura en situaciones como ésta. Si le ofreces a alguien, por ejemplo, 100.000 € por algo que, de partida, parece imposible de conseguir, se lo va a tomar probablemente con bastante relax, y si no le permiten perseguirlo, tampoco va a dar mucha bulla, pues nunca consideró seriamente la posibilidad de alcanzarlo. Si, en cambio, le permites buscarlo y se lo arrebatas cuando ya casi lo tiene en la mano, puede montar la de Dios, y seguro su reacción será incendiaria. Y eso es precisamente lo que Rajoy ha hecho con los nacionalistas catalanes. Nunca debieron considerar muy seriamente la posibilidad de llegar a alcanzar su independencia, habiendo semejado ser ésta siempre una pretensión utópica. Sin embargo, al comprobar que pudieron celebrar aquella votación sin que se lo impidieran, nació en ellos la creencia en que realmente era posible. Si pudieron votar entonces a pesar del veto y la oposición del gobierno central y el principal partido de la oposición, ¿por qué no entonces un referéndum para decidir sobre la independencia directamente? Rajoy ha hecho lo peor que podía hacer: dejarles creérselo y arrebatarles el caramelo cuando ya casi creían tenerlo en la boda. Maquiavelo dijo: “el que permite el desorden para evitar la guerra, tiene primero desorden, y después guerra”. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. El barbas permitió el desorden, y ahora tenemos la guerra.
Se está haciendo todo mal. España no es Francia. No compartimos su tradición histórica de gobierno centralizado, siendo la nuestra en cambio de regiones con fueros, lenguas y costumbres diversas. No se puede imponer a todo el país lo mismo. Este mismo año, el TC, en resolución a un recurso de insconstitucionalidad interpuesto por los socialistas valencianos apoyados por sectores feministas, tumbó la conocida como Ley Valenciana de Custodia Compartida. Una ley progresista, avanzada, en línea con las existentes en los países de nuestro entorno (tanto que le gusta invocar a la izquierda esa confluencia legislativa cuando le conviene) y apoyada por la mayoría de juristas y ciudadanos de la Comunidad Valenciana, pero que no gustaba al feminismo ni ala izquierda que lo secunda, porque restaba poder a las mujeres. Y no nos engañemos, el TC es un órgano politizado, todo el mundo lo sabe, que siempre suele fallar en sintonía con los intereses del partido en el poder. Si lo hizo en éste en esta ocasión, fue porque contó con la bendición de Rajoy y los suyos. En su caso, porque sueñan con un país lo más centralizado posible. El sumo intérprete constitucional basó su fallo en el argumento de que la Carta Magna permite a las autonomías en que exista conservar y desarrollar su Derecho (leyes, fueros), pero no crearlo. La Comunidad Valenciana no tenía legislación anterior en materia de Familia, así que esa Ley significaba legislar en un ámbito en el que no lo había hecho antes. Es decir, creaba Derecho Foral. Conclusión, era inconstitucional. Fuera con ella y todos contentos. Menos los valencianos, claro.
El TC no está para eso. Se está empleando como instrumento político al servicio de determinados intereses y, por supuesto y ante todo, del partido en el poder. Con el recurso al Estatut ocurrió lo mismo. Zapatero había dicho que respetaría cualquier decisión que tomasen los catalanes, no en balde el Partido Socialista de Cataluña era uno de los baluartes más poderosos de los del puño y la rosa, pero el caso es que el recurso se interpuso en 2010, estando todavía el cejas en el poder. Si prosperó y acabó tumbando aquellos catorce artículos, fue porque el gobierno socialista estuvo OK con ello y lo consintió, igual que ocurrió a la inversa con la Ley Valenciana de Custodia Compartida.
La Constitución no puede imponer en contra de que traen los tiempos. España es un estado descentralizado, su mismo texto lo consagra. Si la Comunidad Valenciana ha avanzado hasta un estado en que, para dar satisfacción a su población ha de legislar en materia de Familia, habrá que buscar la interpretación constitucional que la permita. Porque, al final, la cosa es que la Carta Magna no suele imponer muchas cosas, sino que son los magistrados del TC los que “interpretan” que lo hace, siempre en sintonía con los posicionamientos del partido en el poder. Perfectamente, la Ley valenciana se podría haber interpretado por la vía del desarrollo del Derecho Foral, pero interesó hacer la por la de su creación. Y si no hay interpretación posible, habrá que modificar, pues no puede oponerse la Constitución al a voluntad de quienes se gobiernan por ella.
Los catalanes tienen derecho a exigir que en su tierra se use el catalán, exigiendo a sus funcionarios que lo hablen y demás. La Constitución, en su artículo 3, dentro del Título Preliminar, dice:
“Título preliminar
Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”
Ellos cumplen con su parte del trato. Conocen el castellano, que no es su lengua y les fue impuesta. Tienen todo el derecho del mundo pues a exigir que quien quiera establecerse allí, conozca el catalán, que en su comunidad es tan oficial como el castellano. Y tan español (“… las demás lenguas españolas…”). No se puede contraargumentar pues que en España se habla el español, pues, como consagra la Carta Magna, también el catalán lo es tanto como el castellano. Y no salga nadie con la gilipollez esa de que es un dialecto. Un idioma es una variedad que ha desarrollado una gramática propia y diferencial respecto de la lengua madre, hasta el punto de que ya no resulta posible la comunicación inteligible entre los hablantes de una y la otra empleando cada uno la suya. Cuando no ha llegado a ese estadio de desarrollo, sigue siendo un dialecto. Cuando lo ha hecho, es un idioma. El catalán, el castellano, el gallego, el francés… son lenguas que se han separado de la materna, el latín, hasta ese grado. El castellano de Latinoamérica, el valenciano, el inglés americano… son dialectos del castellano de España, el catalán, el inglés de Inglaterra…
Poner a un coronel de la Guardia Civil al mando de las fuerzas policiales en Cataluña en relación al asunto del 1-O ha sido otra provocación innecesaria. Todos mis respetos para el cuerpo, cuya historia y prestigio internacional son dignos de admiración se mire como se mire. Pero no es menos cierto que, justa o injustamente, la Benemérita queda asociada en el imaginario de mucha gente, especialmente en Cataluña y Euskadi, al franquismo y la opresión del estado español. Si la legalidad vigente establece que en caso de actuar conjuntamente el mando debe atribuirse a un cuerpo del Estado, el de Policía Nacional hubiera sido el más aconsejable en este caso, dado que parece más libre de esas connotaciones.
Y así con todo. La torpeza con que se está llevando este asunto es alarmante, y está propiciando que el problema crezca hasta niveles que no podían sospecharse. Hasta hace tan sólo tres o cuatro años, nadie hubiera creído que los separatistas pudieran llegar tan lejos. Las provocaciones innecesarias y la falta de decisión para actuar cuando es necesario, lo están provocando. El referéndum, aunque no se celebre, ya ha calado en el imaginario colectivo catalán, y ya no se marchará de él. Como muy bien opinó Cher preguntada sobre este asunto, no se puede meter la pasta de dientes de nuevo en el tubo tras sacarla. Antes o después, tendrá lugar. No tendría que haber sido así, pero la torpeza política ha llevado a ello y ya no se puede dar marcha atrás. Mejor que sea pues pactado y no permitiendo que sean los independentistas los que elijan el momento, porque, en ese caso, lo ubicarán en el que más les convenga, aquél en el cual el apoyo popular a sus pretensiones sea mayor. Es más, quizá debiera haberse celebrado algo por el estilo hace quince o veinte años, cuando, al amparo de la bonanza económica que vivía España, aquél era el menor de su historia reciente. Con ello se habría zanjado el asunto, resolviendo esa cuestión pendiente sobre el consentimiento catalán a su integración en España.
Los catalanes tienen su propia identidad política, cultural, social e histórica, mucho más marcada que la del resto de regiones españolas. No tanta como para justificar su secesión, pero sí un trato diferencial con mayor capacidad de autogobierno y, sobre todo, respetando su lengua, instituciones y demás. No se les puede obligar a ser españoles. Hay que convencerles para que deseen seguir siéndolo. Si se lo imponemos, entonces serán tierra conquistada, y no nos engañemos, eso favorece a los independentistas. Si los mantenemos dentro del país a la fuerza, cada vez más daremos de cara al exterior la imagen de estado autoritario y ellos las de víctimas oprimidas por este, y esas mismas naciones y organizaciones supra e internacionales que hoy se posicionan de parte del estado Español y su legalidad a la luz de la corrección política, irán pasando con el mismo criterio a simpatizar con ellos, pues lo correcto políticamente es defender al oprimido. El enfrentamiento sólo favorece a los independentistas, que con él crecen en número y fanatismo. Que nadie se engañe. Si llega el momento en que arriben a ser mayoría abrumadora, no habrá forma de evitar su salida de España.
