INDIGNADO CON LOS INDIGNADOS II (Publicación original en fecha 19/06/2016

Hoy toca el segundo repaso a los indignados. Como ya adelanté, llega el turno ahora al contenido de sus reclamaciones. Con tantas acampadas y tomas de plazas resulta difícil conocer todas ellas, pero más o menos todas coinciden en los siguientes puntos básicos:

·          Reforma de la Ley electoral. Exigencia de una que garantice la igualdad de voto y no fomente el bipartidismo y la alternancia en el poder.

OK, así dicho suena muy bien. Que no se limiten a dos partidos las posibilidades de gobierno, extendiendo la posibilidad de ganar las elecciones a otras fuerzas políticas diferentes a las dos que actualmente se reparten el pastel. Muy bonito e idílico, sí, pero sin ninguna utilidad ni viabilidad práctica. Ya pasamos por eso con la Primera República y fue un caos.

A ver, planteémonos una cosa: actualmente existen dos partidos dominantes. Bien. ¿Qué ocurre cuando hay que tomar una decisión? Pocas veces o ninguna se ponen de acuerdo. Si uno dice blanco, el otro responde negro. Es lógico. Cada cual lleva a cabo una batalla de desgaste en contra del rival. Hay que ver mal lo que hace, ya que lo contrario sería echarle flores, y no parece ello algo muy aconsejable para un partido que aspire arrebatarle a otro el Gobierno en unas elecciones.

En fin, lo dicho. Muy extraña es la vez en que llegan a un acuerdo. Siendo sólo dos. Ahora imaginemos que fueran tres, cuatro, cinco… las fuerzas políticas con peso específico similar.  Lo imagináis, ¿no? Las posibilidades de alcanzar un acuerdo en las decisiones a tomar serían más reducidas cuanto más grupos hubieran de participar en el acuerdo, con lo cual sería imposible llevar a cabo una función de gobierno.

Como dije, es lo que pasaba en la Primera República, con multitud de grupos de fuerza similar, y es lo que ocurre actualmente en el seno de la ONU. El número de estados miembros ha aumentado hasta un nivel que hace dificilísimo alcanzar las mayorías requeridas, con lo cual resulta casi utópica la toma de decisiones generales que obliguen a todos. Lo vemos, por ejemplo, en las continuas frustraciones en la intención de ampliar los espacios de protección para las ballenas. Japón siempre se las ingenia para convencer –económicamente- a los estados suficientes para impedirlo.

Pues la cosa sería igual, pero a nivel nacional. Práctica imposibilidad pata alcanzar acuerdos en materia de terrorismo, económica, comunitaria, legal, etc. Sería dificilísimo y, en el mejor de los casos, llevaría muchísimo tiempo la toma de decisiones en caso de amenaza terrorista, por ejemplo. Siendo como es un tema que requiere muy a menudo de una actuación inmediata y sin demora, habría que esperar a que todas esas fuerzas políticas dominantes llegasen a un acuerdo. Lo mismo en caso de ser necesaria la aprobación de una Ley. A unos no les gustaría un punto, a los otros no les convencería el otro… En definitiva, el Estado sin gobierno ni dirección efectiva = caos político, económico, estructural, legal… De nuevo, remito a las experiencias de la Primera República o la actual de la ONU, organismo en el cual, al momento presente, la posibilidad de una actuación internacional y concertada se hace prácticamente inviable. Resulta urgentísima en algunos temas, tales como la emisión de gases contaminantes, protección de espacios marinos, etc, pero resulta imposible alcanzar un acuerdo que vincule a todos.

·          Democracia participativa. No conceder la autoridad sino que los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones más importantes.

Otra cosa que suena muy bien. Es lo que ellos llaman democracia real y, en realidad, es bastante parecido a lo que se denomina democracia directa; algo que, de hecho, yo suelo defender. Estaríamos bastante de acuerdo en este punto pues, de no ser por el cinismo e hipocresía que suele presidir las actuaciones y reclamaciones de la izquierda –estoy abierto a debatir lo contrario si alguien me da razones convincentes-. Porque el movimiento 15-M, por más que pretendan vendernos la moto, es un movimiento de izquierdas. Se alega que allí tiene cabida cualquiera, pero sólo hay que echar una mirada a su cabezas visibles, a las frases que corean en sus manifestaciones y actos –“el pueblo… unido… ¡jamás será vendido!”; “¡no pasarán!”... Ilustrativo ¿no?-, a los nombres de sus campamentos –campamento palestina...- o los grupos e ideologías que los apoyan o han apoyado –feministas, políticos socialistas e izquierdistas…-.

Para saber de qué hablamos, hay que tener claros los conceptos. A menudo afirmo que los juristas y futuros juristas entendemos de leyes, pero que de justicia puede entender cualquiera. Perfecto. Pero es que en este tema se están mezclando ambas cosas.

Veamos: existen dos tipos de democracia, la democracia directa y la democracia representativa. En la primera, los mismos ciudadanos son los que toman las decisiones a través de su voto, sometiéndose éstas a referéndum para su adopción. Como el referéndum del 86 sobre la permanencia de España en la OTAN –el cual, por cierto, tuvo lugar el día de mi cumpleaños, suponiendo un bonito regalo la victoria del sí a la misma-. En la segunda en cambio, los ciudadanos eligen a unos representantes para que tomen las decisiones por ellos. En principio la Constitución excluye la posibilidad de que los gobernantes así elegidos, adopten después decisiones contrarias a las de su programa electoral, pues no estarían representando entonces a sus votantes ni, por tanto, respetando el principio básico y legitimador de este tipo de democracia. Lo que ocurre en la práctica no obstante, es bien distinto, ya lo sabemos, tanto si miras a izquierda como a derecha. Pero bueno, ya se sabe también que “España is diferent”.

OK. El otro día encontré a Maria Antonia Iglesias en La Noria defendiendo a los indignados y afirmando que algunas de sus reclamaciones y ésta expresamente mencionada, le parecen muy racionales. Y ahí voy con lo de la hipocresía. Con un sistema de democracia directa para la toma de decisiones importantes, habría que someter a referéndum temas como el de la introducción de la cadena perpetua en España o la continuidad de la Monarquía, posturas al respecto de las cuales la izquierda permanece enrocada –también la derecha en cuanto a lo segundo, mal que me pese-, dando nones y aferrándose a posturas más típicas de un estado autoritario que de uno democrático. La señora Maria Antonia Iglesias y la izquierda en general, dicen que no, que no y que más no a la perpetua, a pesar de que es solicitada alto y claro por un 87% de la población. El argumento de que la Constitución no la permite y, por tanto, es incosntitucional solicitarla, es falaz y aun falso. La CE se puede reformar cuando resulte necesario. En su propio texto prevé dos instrumentos para ello. Concretamente, en su Título X, artículos 166 a 169. Rubalcaba pidió a Rajoy que no fuera inconstitucional cuando solicitó la reforma para incluir la cadena perpetua en el Código Penal. Señor Rubalcaba, no sea usted falaz ni demagogo.

A lo que vamos e interesa, es a que, como digo, María Antonia y la izquierda en general se niegan en rotundo a aceptar la inclusión de la cadena perpetua y aun a ofrecer la posibilidad de someter el tema a votación. Ya propuso la idea alguna comentarista y María Antonia erre que erre. Que no, que no y que no. Que hay decisiones que no se pueden dejar a los ciudadanos. ¡Ole, ole y ole! ¡Di que sí, María Antonia! Voz y voto en las decisiones más importantes, pero sólo en las que a vosotros y vuestra ideología y planteamientos venga bien, ¿eh?

Lo que yo decía: cinismo e hipocresía típicos de  la izquierda. Como cuando acusaba esta señora al cura Apeles o al padre de Mari Luz, la niña de cuatro años asesinada por Santiago del Valle, de autoritarios y antidemocráticos por hablar constantemente, interrumpiéndola y no dejándole hacerlo a ella. Es decir, justa y exactamente lo mismo que hace ella semana tras semana. Perfecto retrato del típico argumento izquierdista: si lo hacen los de derechas, son unos fascistas autoritarios. Si lo hacemos los de izquierdas… bueno…

·          Intolerancia a la corrupción y transparencia política y bancaria. El nivel de corrupción ha alcanzado un nivel muy alto, existiendo incluso una que afecta a la separación de poderes que debe volver a su idea original, distinguiendo poder político y judicial.

Bueno, de nuevo se está hablando sin saber de qué se habla. Lo de combatir la corrupción está bien, aunque no habría que identificarla como una de las causas de la crisis sin pruebas directas. Es decir, ha habido  escándalos del tipo en municipios y hasta estados de economía boyante. Gil por ejemplo, prototipo de político corrupto, levantó Marbella hasta el nivel de sus mejores tiempos. El pueblo marbellí lo adoraba. Hay que meter en la cárcel a los corruptos, sí, pero no está muy claro eso de que ellos tengan la mayor parte de culpa en el tema de la crisis.

Pero a donde voy con lo de que se está hablando sin saber, es a lo de que afecta a la separación de poderes –por cierto, la división es en poder ejecutivo, legislativo y judicial, no en poder político y judicial-. A ver, almas de cántaro; la separación estricta se postuló y aplicó en la Revolución Francesa y regímenes similares al por ella instaurado en épocas inmediatamente posteriores, pero con el tiempo se ha demostrado inaplicable. Repito: la separación ESTRICTA. Sigue habiendo separación de poderes hoy día, pero no estricta, y ello porque no resulta esto posible. Así, hay ocasiones que la Administración ha de asumir funciones legislativas. Por ejemplo, existen ocasiones en que se debe dictar una Ley en forma inmediata y urgente para hacer frente a un problema inesperadamente sobrevenido. El procedimiento legislador ordinario está atribuido por la CE a las Cortes Generales. Sin embargo, se trata de un procedimiento lento y que implica unos plazos que lo hacen inútil en esos casos. Es por ello que se autoriza en esas ocasiones al Gobierno a dictar decretos-ley, que son normas con fuerza de Ley y que entran en vigor desde su emisión, debiendo ser después ratificadas por las Cortes. Se posibilita así legislar con una agilidad que resulta necesaria en ocasiones y de la que no dispone el procedimiento ordinario, que requiere propuestas, votaciones, etc.

De la misma manera, existen otros ámbitos en que un poder ha de asumir funciones propias de los otros para posibilitar el funcionamiento de un estado democrático. Aplicar la división estricta, le privaría de cualquier capacidad de reacción y adaptación.