Hoy toca el segundo repaso a
los indignados. Como ya adelanté, llega el turno ahora al contenido de sus
reclamaciones. Con tantas acampadas y tomas de plazas resulta difícil conocer
todas ellas, pero más o menos todas coinciden en los siguientes puntos básicos:
·
Reforma de la Ley electoral.
Exigencia de una que garantice la igualdad de voto y no fomente el bipartidismo
y la alternancia en el poder.
OK, así dicho suena muy bien.
Que no se limiten a dos partidos las posibilidades de gobierno, extendiendo la
posibilidad de ganar las elecciones a otras fuerzas políticas diferentes a las
dos que actualmente se reparten el pastel. Muy bonito e idílico, sí, pero sin
ninguna utilidad ni viabilidad práctica. Ya pasamos por eso con la Primera
República y fue un caos.
A ver, planteémonos una cosa:
actualmente existen dos partidos dominantes. Bien. ¿Qué ocurre cuando hay que
tomar una decisión? Pocas veces o ninguna se ponen de acuerdo. Si uno dice
blanco, el otro responde negro. Es lógico. Cada cual lleva a cabo una batalla
de desgaste en contra del rival. Hay que ver mal lo que hace, ya que lo
contrario sería echarle flores, y no parece ello algo muy aconsejable para un
partido que aspire arrebatarle a otro el Gobierno en unas elecciones.
En fin, lo dicho. Muy extraña
es la vez en que llegan a un acuerdo. Siendo sólo dos. Ahora imaginemos que
fueran tres, cuatro, cinco… las fuerzas políticas con peso específico similar.
Lo imagináis, ¿no? Las posibilidades de alcanzar un acuerdo en las
decisiones a tomar serían más reducidas cuanto más grupos hubieran de
participar en el acuerdo, con lo cual sería imposible llevar a cabo una función
de gobierno.
Como dije, es lo que pasaba en
la Primera República, con multitud de grupos de fuerza similar, y es lo que
ocurre actualmente en el seno de la ONU. El número de estados miembros ha
aumentado hasta un nivel que hace dificilísimo alcanzar las mayorías
requeridas, con lo cual resulta casi utópica la toma de decisiones generales
que obliguen a todos. Lo vemos, por ejemplo, en las continuas frustraciones en
la intención de ampliar los espacios de protección para las ballenas. Japón
siempre se las ingenia para convencer –económicamente- a los estados
suficientes para impedirlo.
Pues la cosa sería igual, pero
a nivel nacional. Práctica imposibilidad pata alcanzar acuerdos en materia de
terrorismo, económica, comunitaria, legal, etc. Sería dificilísimo y, en el
mejor de los casos, llevaría muchísimo tiempo la toma de decisiones en caso de
amenaza terrorista, por ejemplo. Siendo como es un tema que requiere muy a
menudo de una actuación inmediata y sin demora, habría que esperar a que todas
esas fuerzas políticas dominantes llegasen a un acuerdo. Lo mismo en caso de
ser necesaria la aprobación de una Ley. A unos no les gustaría un punto, a los
otros no les convencería el otro… En definitiva, el Estado sin gobierno ni
dirección efectiva = caos político, económico, estructural, legal… De nuevo,
remito a las experiencias de la Primera República o la actual de la ONU,
organismo en el cual, al momento presente, la posibilidad de una actuación
internacional y concertada se hace prácticamente inviable. Resulta urgentísima
en algunos temas, tales como la emisión de gases contaminantes, protección de
espacios marinos, etc, pero resulta imposible alcanzar un acuerdo que vincule a
todos.
·
Democracia participativa. No
conceder la autoridad sino que los ciudadanos tengan voz y voto en las
decisiones más importantes.
Otra cosa que suena muy bien.
Es lo que ellos llaman democracia real y, en realidad, es bastante parecido a
lo que se denomina democracia directa; algo
que, de hecho, yo suelo defender. Estaríamos bastante de acuerdo en este punto
pues, de no ser por el cinismo e hipocresía que suele presidir las actuaciones
y reclamaciones de la izquierda –estoy abierto a debatir lo contrario si
alguien me da razones convincentes-. Porque el movimiento 15-M, por más que
pretendan vendernos la moto, es un movimiento de izquierdas. Se alega que allí
tiene cabida cualquiera, pero sólo hay que echar una mirada a su cabezas
visibles, a las frases que corean en sus manifestaciones y actos –“el pueblo…
unido… ¡jamás será vendido!”; “¡no pasarán!”... Ilustrativo ¿no?-, a los
nombres de sus campamentos –campamento palestina...- o los grupos e ideologías
que los apoyan o han apoyado –feministas, políticos socialistas e izquierdistas…-.
Para saber de qué hablamos,
hay que tener claros los conceptos. A menudo afirmo que los juristas y futuros
juristas entendemos de leyes, pero que de justicia puede entender cualquiera.
Perfecto. Pero es que en este tema se están mezclando ambas cosas.
Veamos: existen dos tipos de
democracia, la democracia directa y la democracia representativa. En la
primera, los mismos ciudadanos son los que toman las decisiones a través de su
voto, sometiéndose éstas a referéndum para su adopción. Como el referéndum del
86 sobre la permanencia de España en la OTAN –el cual, por cierto, tuvo lugar
el día de mi cumpleaños, suponiendo un bonito regalo la victoria del sí a la
misma-. En la segunda en cambio, los ciudadanos eligen a unos representantes
para que tomen las decisiones por ellos. En principio la Constitución excluye
la posibilidad de que los gobernantes así elegidos, adopten después decisiones
contrarias a las de su programa electoral, pues no estarían representando
entonces a sus votantes ni, por tanto, respetando el principio básico y
legitimador de este tipo de democracia. Lo que ocurre en la práctica no
obstante, es bien distinto, ya lo sabemos, tanto si miras a izquierda como a
derecha. Pero bueno, ya se sabe también que “España
is diferent”.
OK. El otro día encontré a
Maria Antonia Iglesias en La Noria defendiendo a los indignados y
afirmando que algunas de sus reclamaciones y ésta expresamente mencionada, le
parecen muy racionales. Y ahí voy con lo de la hipocresía. Con un sistema de
democracia directa para la toma de decisiones importantes, habría que someter a
referéndum temas como el de la introducción de la cadena perpetua en España o
la continuidad de la Monarquía, posturas al respecto de las cuales la izquierda
permanece enrocada –también la derecha en cuanto a lo segundo, mal que me
pese-, dando nones y aferrándose a posturas más típicas de un estado
autoritario que de uno democrático. La señora Maria Antonia Iglesias y la
izquierda en general, dicen que no, que no y que más no a la perpetua, a pesar
de que es solicitada alto y claro por un 87% de la población. El argumento de
que la Constitución no la permite y, por tanto, es incosntitucional
solicitarla, es falaz y aun falso. La CE se puede reformar cuando resulte
necesario. En su propio texto prevé dos instrumentos para ello. Concretamente,
en su Título X, artículos 166 a 169. Rubalcaba pidió a Rajoy que no fuera
inconstitucional cuando solicitó la reforma para incluir la cadena perpetua en
el Código Penal. Señor Rubalcaba, no sea usted falaz ni demagogo.
A lo que vamos e interesa, es
a que, como digo, María Antonia y la izquierda en general se niegan en rotundo
a aceptar la inclusión de la cadena perpetua y aun a ofrecer la posibilidad de
someter el tema a votación. Ya propuso la idea alguna comentarista y María
Antonia erre que erre. Que no, que no y que no. Que hay decisiones que no se
pueden dejar a los ciudadanos. ¡Ole, ole y ole! ¡Di que sí, María Antonia! Voz
y voto en las decisiones más importantes, pero sólo en las que a vosotros y
vuestra ideología y planteamientos venga bien, ¿eh?
Lo que yo decía: cinismo e
hipocresía típicos de la izquierda. Como cuando acusaba esta señora al
cura Apeles o al padre de Mari Luz, la niña de cuatro años asesinada por
Santiago del Valle, de autoritarios y antidemocráticos por hablar
constantemente, interrumpiéndola y no dejándole hacerlo a ella. Es decir, justa
y exactamente lo mismo que hace ella semana tras semana. Perfecto retrato del
típico argumento izquierdista: si lo hacen los de derechas, son unos fascistas
autoritarios. Si lo hacemos los de izquierdas… bueno…
·
Intolerancia a la corrupción y
transparencia política y bancaria. El nivel de corrupción ha alcanzado un nivel
muy alto, existiendo incluso una que afecta a la separación de poderes que debe
volver a su idea original, distinguiendo poder político y judicial.
Bueno,
de nuevo se está hablando sin saber de qué se habla. Lo de combatir la
corrupción está bien, aunque no habría que identificarla como una de las causas
de la crisis sin pruebas directas. Es decir, ha habido escándalos del
tipo en municipios y hasta estados de economía boyante. Gil por ejemplo,
prototipo de político corrupto, levantó Marbella hasta el nivel de sus mejores
tiempos. El pueblo marbellí lo adoraba. Hay que meter en la cárcel a los
corruptos, sí, pero no está muy claro eso de que ellos tengan la mayor parte de
culpa en el tema de la crisis.
Pero a donde voy con lo de que
se está hablando sin saber, es a lo de que afecta a la separación de poderes
–por cierto, la división es en poder ejecutivo, legislativo y judicial, no en
poder político y judicial-. A ver, almas de cántaro; la separación estricta se
postuló y aplicó en la Revolución Francesa y regímenes similares al por ella
instaurado en épocas inmediatamente posteriores, pero con el tiempo se ha
demostrado inaplicable. Repito: la separación ESTRICTA. Sigue habiendo
separación de poderes hoy día, pero no estricta, y ello porque no resulta esto
posible. Así, hay ocasiones que la Administración ha de asumir funciones
legislativas. Por ejemplo, existen ocasiones en que se debe dictar una Ley en
forma inmediata y urgente para hacer frente a un problema inesperadamente
sobrevenido. El procedimiento legislador ordinario está atribuido por la CE a
las Cortes Generales. Sin embargo, se trata de un procedimiento lento y que
implica unos plazos que lo hacen inútil en esos casos. Es por ello que se
autoriza en esas ocasiones al Gobierno a dictar decretos-ley, que son normas
con fuerza de Ley y que entran en vigor desde su emisión, debiendo ser después
ratificadas por las Cortes. Se posibilita así legislar con una agilidad que
resulta necesaria en ocasiones y de la que no dispone el procedimiento
ordinario, que requiere propuestas, votaciones, etc.
De la misma manera, existen
otros ámbitos en que un poder ha de asumir funciones propias de los otros para
posibilitar el funcionamiento de un estado democrático. Aplicar la división
estricta, le privaría de cualquier capacidad de reacción y adaptación.
RESPUESTAS DEJADAS AL ARTÍCULO ORIGINAL:
ResponderEliminarCandela Martín1 de septiembre de 2014, 3:22
Buenos días, soy Candela, de Televisión Española. Queremos hacer un programa sobre fobias y me gustaría contactar contigo. Por favor, escríbeme a: candela.tve@gmail.com. Gracias de antemano, un saludo.